BASTA DE DERROCHE, CLAMA CALDERON

(Parte del discurso del durante la Presentación del Estudio de la OCDE sobre el Proceso Presupuestario en México.

México está en un proceso continuo de mejora en la eficiencia y en la eficacia de su gasto público.
Durante esta Administración, hemos promovido reformas que nos han permitido mejorar la planeación y el ejercicio del Presupuesto y reforzar también la rendición de cuentas y la transparencia.

Yo estoy convencido, amigas y amigos, de que donde quiera que haya un solo peso recaudado por el esfuerzo de los mexicanos, ese peso debe ser posible monitorearlo desde que entra a las arcas públicas, hasta que sale de las mismas a través del gasto público.

Debe hacerse a través de una rendición de cuentas plena, puntual, escrupulosa, de este ejercicio. Y es algo que nos hemos propuesto hacer en el Gobierno Federal.

Es algo que nos ha motivado a abrirnos cada vez más en materia de transparencia y rendición de cuentas, a someternos, precisamente, a las políticas públicas que orientan el diseño y ejercicio de presupuestos a los resultados de los mismos presupuestos y también, por supuesto, a la rendición contable y auditable del Presupuesto Federal.

Ojalá esto ocurra en todo el país, y pronto en todos los órdenes de Gobierno, no sólo en el orden Federal.

Quiero destacar que México está implementando, insisto, en el Gobierno Federal, un sistema de presupuestación con base en el desempeño. Tal y como lo señala el estudio, esto ha sido posible, en gran medida, gracias a cambios de fondo que se han impulsado en la materia.

En particular, en esta Administración impulsamos en la Reforma Hacendaria por los que Menos Tienen, en 2007; en reformas recientes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un marco jurídico y administrativo que obliga al Gobierno a incorporar este sistema de evaluación del desempeño.

Esas modificaciones exigen al Gobierno Federal y exigen también a los gobiernos locales, hay que decirlo, entre otras cosas: uno, evaluar los resultados de su gestión; y evaluarlo, además, apoyándose para ello en instituciones y en evaluaciones independientes.

Otro. A destinar los recursos públicos en función de las metas alcanzadas; es decir, presupuestar con base en resultados.

Proporcionar a los ciudadanos información sobre el desempeño del Gobierno a fin de fortalecer la rendición de cuentas. Y algo muy importante y pendiente: homologar los sistemas contables en todas las entidades federativas a fin de tener registros comparables de gasto en los tres órdenes de Gobierno.

Estos cambios normativos no se han quedado en el papel. Ya hemos puesto en marcha a nivel Federal un nuevo esquema de presupuestación. Tan sólo en el Presupuesto de Egresos para el año en curso, el 2010, más del 60 por ciento del gasto programable de las dependencias y entidades se ha asignado a programas que cuentan con indicadores de desempeño, y eso nos permite dirigir con precisión los recursos a los programas que mayor beneficio brindan a la sociedad.

Y yo quisiera, además, hacer una invitación respetuosa al Congreso de la Unión para que, precisamente, a la hora de la discusión del Presupuesto se tome en cuenta la evaluación del desempeño de los programas públicos. Porque no deja de ser una paradoja de que quienes más reclaman eficiencia en el uso del gasto público, son también los primeros en destinar mayores recursos a programas que han sido evaluados negativamente como eficientes para distribuir riqueza e impulsar el desarrollo del país.

Es decir, hay evaluaciones ya realizadas por el CONEVAL y otras instituciones públicas que se siguen en el diseño del Presupuesto que se presenta al Congreso. Y, precisamente, los programas mejor evaluados por el CONEVAL resultan, luego, castigados en el Congreso, y los peor evaluados resultan incrementados en sus recursos.

De manera tal, que la invitación es, precisamente, a que asumamos todos un compromiso compartido, de aplicar en la práctica el diseño presupuestal conforme a resultados y evaluación de desempeño.

También es fundamental que los estados y los municipios apliquen las mismas medidas de eficiencia, de rendición de cuentas, de responsabilidad y de transparencia que son aplicables a nivel Federal.

Esto no es sólo un imperativo ético y político inaplazable. La transparencia y la eficiencia en el gasto público permiten canalizar los recursos a las prioridades de la sociedad. Y hoy la prioridad es reactivar la economía, generar más empleos para los mexicanos, combatir la pobreza y fortalecer la seguridad en la sociedad.

Como lo señala este estudio, la coordinación y la cooperación entre distintos órdenes de Gobierno es indispensable para lograrlo. Y sólo con más transparencia, sólo con más eficiencia en los tres órdenes de Gobierno, lograremos maximizar el impacto positivo del gasto público en el desempeño de nuestra economía y fortalecer algo que es vital: fortalecer la confianza de los ciudadanos, la cual no puede encontrarse, si no existe transparencia y rendición de cuentas.
Así que, amigas y amigos, éste es el momento de la transparencia. Y, por eso, yo quiero hacer un llamado a todos, además de asumir el compromiso del Gobierno Federal con la transparencia, hago un llamado respetuoso también a los gobiernos estatales a que asumamos, sin cortapisas, los estándares de transparencia y rendición de cuentas que, en este caso, está promoviendo la OCDE.
Basta de opacidad y de derroche en el gasto de amplísimos recursos que se destinan a materias que, en ocasiones, no son las sustanciales. El pueblo, la ciudadanía, no merece simulaciones o regateos para transparentar el destino de los recursos, que son de todos los mexicanos.
La crisis económica y, en consecuencia, fiscal que vivimos en México en el 2009, debe dejarnos una lección bien clara: se acabaron los tiempos en los que el sector público podía financiarse ilimitadamente del petróleo.
Es inaplazable crear mecanismos efectivos que permitan que la gente tenga absoluta claridad de en qué y cómo se gasta el dinero, que tanto trabajo le cuesta a la sociedad aportar al gasto público en los tres órdenes de Gobierno.
En nombre de la Federación, convoco a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, insisto, a que hagamos un compromiso claro con la transparencia y la rendición de cuentas, a que trabajemos para homologar los criterios contables del gasto público y que generemos mejores mecanismos de evaluación y difusión de ese gasto, como ya está establecido, por cierto, en la ley.
Quiero decirles, además, que el Gobierno continuará brindando su apoyo a los estados y municipios, mediante capacitación, asesoría tecnológica y otros apoyos, a fin de implementar sistemas y procesos de presupuesto y gasto, que transparenten de mejor forma el gasto público y ayuden a rendir mejores cuentas a la sociedad.
Al mismo tiempo, quiero invitar a los ciudadanos a que nos exijan a los gobernantes mayor claridad en las cuentas, a que nos exijan a los gobernantes, desde el primero hasta el último servidor público en el país, a que expliquemos en qué y cómo gastamos el dinero.
Y precisamente, con ese propósito, no sólo contable, sino de rendición de cuentas públicas, políticas, presenté al Congreso de la Unión una Iniciativa de Reforma Política el año pasado, en diciembre.
Una iniciativa que busca ampliar los derechos de los ciudadanos, que busca ampliar las facultades de los ciudadanos en la participación de los asuntos públicos.
Uno de los objetivos centrales, es darle al ciudadano más y mejores herramientas para evaluar y para premiar el buen desempeño o castigar políticamente un ejercicio no responsable o arbitrario del poder, o un ejercicio no responsable o arbitrario de los recursos públicos.
Buena parte de la insatisfacción ciudadana con la democracia en México, tiene que ver con que los votantes no tienen una forma efectiva de manifestar su aprobación o desaprobación a gobiernos ineficaces u opacos, de la misma manera que no pueden premiar a quienes han tenido buenos resultados en su gestión.
Por eso, el eje articulador de la reforma política que he propuesto, es dar más poder al ciudadano para vigilar a quienes tienen la responsabilidad de mirar por el bien común, utilizando de manera prudente, honesta y clara los recursos, que son de todos.
Se trata de generar gobiernos más sensibles, ciudadanos más participantes y también mayor rendición de cuentas.
Aunado a los avances en materia presupuestaria, también hemos promovido cambios necesarios para fortalecer las finanzas públicas y alcanzar un crecimiento más dinámico y sostenido.
A lo largo de estos tres años hemos alcanzado reformas estructurales verdaderamente importantes, que no se habían podido realizar en décadas y que, como lo señala la OCDE, han dado viabilidad a las finanzas públicas del país.
Una, por ejemplo, que quiero mencionar, es la reforma al régimen de pensiones de los servidores públicos, que avanzó primero con una reforma a la Ley del ISSSTE muy, muy importante; siguió con una reforma hecha con mucho valor y responsabilidad entre trabajadores y empresa, en Comisión Federal de Electricidad, que modificó el régimen pensionario.
Se reformó, posteriormente, el régimen pensionario también de los trabajadores del Seguro Social. Y adicionalmente, la liquidación de Luz y Fuerza permitió también resolver de fondo otro problema explosivo en su régimen pensionario.
De manera tal, que con estos cambios, amigas y amigos, en México hemos ahorrado a las finanzas públicas más del 30 por ciento del Producto Interno Bruto a valor presente neto. Una reforma estructural en sí misma, que fortalece de manera sustancial las finanzas públicas del país.
Pero es evidente que aún faltan grandes desafíos por lograr. La Reforma Hacendaria por los que menos tienen fue un paso adelante, pero la caída drástica en la producción de petróleo registrada en los últimos años y particularmente en 2009, nos obliga a buscar nuevos mecanismos de fortalecimiento de las finanzas públicas.
Coincido con el doctor José Ángel Gurría en la urgencia de contar con ingresos públicos estables, sostenibles, que no dependan de una sola fuente. Si ustedes quieren, por las razones externas a nosotros, por esta caída en la producción petrolera, pero básicamente hoy el Gobierno está en uno de los niveles más bajos de dependencia respecto del petróleo registrada en los últimos años, apenas ligeramente superior al 30 por ciento, cuando llegó a registrar más del 43 por ciento de dependencia de los ingresos petroleros el gasto gubernamental.
Pero necesitamos, desde luego, fortalecer las finanzas públicas y fortalecerlas de manera tal, que no entorpezcan o frenen la actividad, la competitividad o el crecimiento económico.
Por eso, yo reitero el llamado que hicimos, también, a finales del año pasado, para que discutamos entre todos cuál debe ser la reforma fiscal de fondo que necesita el país.
Cuál debe ser una reforma que permita una recaudación equiparable a otras naciones de América Latina, ya no digamos equiparable al resto de los países de la OCDE; en América Latina el promedio de recaudación es del 18 por ciento, más o menos. En México, la recaudación, fuera de ingresos petroleros, varía entre el diez y el 11 por ciento del Producto Interno Bruto.
En países de la OCDE las cifras están por arriba del 23, 25 por ciento del Producto Interno Bruto, y en las naciones de mayor desarrollo las cifras son muchísimo más altas.
De manera tal, que es fundamental que logremos entre todos una reforma fiscal que genere competitividad y eficiencia en nuestro aparato productivo.
Es un debate complejo, lo sé. Es un debate que sólo puede ser constructivo en la medida que se asuman posturas responsables por parte de todos los actores políticos.
2009 fue un año muy duro para la economía mexicana, en el que la economía mexicana enfrentó, insisto, la peor crisis económica, la peor recesión en el entorno internacional durante décadas.
Ante esta situación, aunada a la caída en los ingresos petroleros, fue necesario tomar decisiones complejas, medidas que implican sacrificios para las familias, que es difícil que sean del gusto de nadie, ni del Gobierno, mucho menos de los contribuyentes. Pero quiero subrayar, amigas y amigos, que gracias a esas medidas es posible preservar la estabilidad macroeconómica del país, evitarle mayores problemas a los mexicanos, que gravarían severamente sus bolsillos y sostener nuestros activos más valiosos, de credibilidad y fortaleza en las finanzas públicas.
De manera que esta Administración, quiero dejarlo bien claro, esta Administración seguirá actuando con responsabilidad, a fin de asegurar la sustentabilidad del país en el largo plazo.
Las medidas que ha tenido que tomar el Gobierno son difíciles, sí, pero, precisamente, reflejan el sentido de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y nos permitirán atender nuestro compromiso de seguir apoyando a los mexicanos que menos tienen.
Además, quiero decir que se hacen con un sentido, también, de estabilidad económica. No puedo dejar de mencionar que esta mañana se hizo público el dato de inflación en México para el año 2009. Una inflación de 3.5 por ciento, es, quizá, la más baja o la segunda más baja que se tenga registro en el país desde que se registra la inflación; 3.5 por ciento, 3.57 para ser exacto.
Y eso que este dato ya incorpora los ajustes en el precio de algunos combustibles que se hicieron en el mes de diciembre. Esto significa que sí es posible mantener la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal en el país.
Tal como lo ha señalado la OCDE, para que haya reactivación económica, para que pueda haber crecimiento y generación de empleo, es necesario que las naciones tengan un plan claro de recuperación fiscal, de reducción de su deuda, antes de que los problemas financieros de mediano y largo plazo se vuelvan inmanejables.
Y eso es, señoras y señores, lo que estamos haciendo en México. Estamos trabajando con responsabilidad en las finanzas públicas y estamos evitando, para el país, problemas severos, en el largo plazo, por ejemplo, resolviendo el tema de pensiones o en el mediano plazo o en el corto plazo, incluso, con déficits, evitando déficits fiscales más allá de las posibilidades del país.
Tomar las medidas correctas para asegurar que el país tenga la fortaleza financiera que le permita a su economía retomar la senda del crecimiento, ese ha sido y seguirá siendo el objetivo del Gobierno mexicano.